La provincia de Chubut tiene una sola ley que la protege de los estragos que produce en los territorios la minería a gran escala. Esta ley, sancionada en el año 2003 como Ley 5001 y denominada ahora XVII-Nº 68, prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro como método de extracción.
Por esta razón, en el año 2012, las asambleas de vecinos de comunidades chubutenses que nos oponemos a la minería (UACCH) nos propusimos impulsar una legislación que ampliara la protección ambiental de la Ley 5001, utilizando para ello un mecanismo de democracia semidirecta establecido en la Constitución Provincial y denominado Iniciativa Popular.
El arduo trabajo de las asambleas que conformamos la UACCH permitió presentar en mayo del 2014 en la Legislatura Provincial un proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras que fue acompañado con 13.007 firmas. Los diputados postergaron hasta el último día su tratamiento y el 25 de noviembre de 2014 cometieron impunemente un “fraude legislativo”, torciendo así la voluntad del pueblo y aprobando por 15 votos a favor una ley que ellos, durante el transcurso de la sesión, transformaron en ley minera. Más allá de la indignación, se solicitó a la justicia la nulidad de la sesión, fundamentada en que no se había respetado la esencia del proyecto y en el conocimiento público de que los legisladores actuaron influenciados por empresarios mineros, tal como se pudo observar en la foto en la que se plasmaba el intercambio de mensajes entre el diputado Muñiz y Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold.
La Justicia no anuló la sesión y la Legislatura consideró que el proyecto de ley había sido tratado. Sin embargo, la ley resultante, que deshonra el rol de nuestros representantes ante el escándalo producido, nunca fue aplicada y fue derogada un año después. Nos robaron la democracia en la primera aplicación de la iniciativa popular.
Los vecinos de la UACCH nunca nos detuvimos y desde entonces seguimos reclamando que aún nos deben una ley: una ley basada en los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional, principios que garanticen el presente y el futuro, que impidan el colapso de la naturaleza, que modifiquen el sentido antropocéntrico de las actividades humanas y que nos ubiquen en un equilibrio con todos los otros seres que habitan el planeta.
La estupidez humana que nos llevó a la pandemia que nos atraviesa, producida por la inagotable ambición de los dueños del poder, en lugar de originar una reflexión de sus conductas los lleva aceleradamente al más voraz extractivismo: Argentina paralizó todas las actividades en nombre de la prevención, pero dio rienda suelta a la deforestación, al fracking y a la minería a gran escala.
Nosotros somos el pueblo; el del territorio que sufre y se agota; el que es aplastado por el poder político-económico que nos deja aun sin el más vital de los elementos: el agua. Luchamos por una ley que garantice el agua pura a todos los chubutenses; pero además, por expresar a los gobernantes y empresarios que la minería metalífera en Chubut no cuenta con licencia social.
La “licencia social para operar” es un concepto que forma parte del vocabulario de cualquier industria: es el requisito indispensable para el desarrollo de las actividades y solo es otorgada por la aprobación y la aceptación de las comunidades. Resulta inútil intentar mecanismos de participación social en los proyectos si, en esencia, se trata de una actividad mundialmente conocida por los estragos que produce y que no cuenta con garantías reales de sustentabilidad.
Por su parte, las empresas, haciendo mal uso de la responsabilidad social empresarial, la utilizan como herramienta para comprar voluntades y generar una suerte de clientelismo empresarial. Este recurso, usado por Meridian Gold, Yamana Gold y Panamerican Silver, no ha logrado revertir el rechazo a los proyectos mineros y el incremento constante de comunidades concientizadas de que no es este el camino para el crecimiento provincial. Además, estas comunidades conocen y apuestan por otras actividades que son verdaderamente amigables con su entorno.
Porque confiamos en nosotros, con la dignidad que nos caracteriza, con la fuerza de este pueblo y el convencimiento de que estamos en el camino de la vida; porque nos deben una ley, hoy podemos decir SÍ a esta segunda Iniciativa Popular.
Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses
Chubut, 22 de junio de 2020.
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